Colombia aprueba ley para fortalecer derechos de las mujeres rurales, campesinas y pesqueras
La aprobación de una reforma a la legislación sobre mujeres rurales busca ampliar el acceso a oportunidades productivas, financiamiento, asistencia técnica y espacios de participación, con el objetivo de reducir brechas históricas en el campo colombiano.
Bogotá, Colombia. El Congreso de Colombia aprobó en abril de 2025 una iniciativa legislativa orientada a fortalecer los derechos de las mujeres rurales, campesinas y pesqueras, y a promover condiciones más equitativas para su participación en el desarrollo económico, social y productivo de los territorios.
La propuesta, impulsada por la representante a la Cámara Ana Paola García, plantea modificaciones a la Ley 731 de 2002, conocida como Ley de Mujer Rural, con el propósito de responder a las brechas que históricamente han limitado el acceso de las mujeres rurales a recursos productivos, oportunidades económicas y mecanismos de protección social.
Entre las medidas contempladas se encuentran acciones para favorecer el acceso a tierras, crédito, asistencia técnica, canales de comercialización y seguridad social, así como iniciativas de capacitación y acompañamiento para las mujeres productoras. La propuesta también incorpora medidas de prevención y protección frente a la violencia basada en género y busca ampliar la participación de las mujeres en los espacios de decisión sobre políticas agropecuarias y pesqueras.
Mujeres rurales: actoras clave para la seguridad alimentaria
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en los sistemas agroalimentarios, la producción de alimentos y la sostenibilidad de las comunidades rurales. Sin embargo, continúan enfrentando barreras para acceder a recursos, servicios, financiamiento y oportunidades que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades productivas y fortalecer su autonomía económica.
Avanzar hacia una mayor igualdad de género en el medio rural requiere abordar estas desigualdades mediante políticas públicas integrales, con instrumentos que faciliten el acceso efectivo de las mujeres a los recursos productivos, fortalezcan sus capacidades y reconozcan su participación en la toma de decisiones.
En este contexto, el fortalecimiento del marco normativo constituye un paso relevante para impulsar condiciones más equitativas en el campo colombiano. Su alcance dependerá también de la reglamentación, la asignación de recursos y la articulación entre las instituciones públicas y los actores territoriales responsables de llevar las medidas a la práctica.
Del avance legislativo a su implementación en los territorios
La aplicación efectiva de las disposiciones contempladas en la reforma será determinante para que sus objetivos se traduzcan en oportunidades concretas para las mujeres rurales, campesinas y pesqueras, considerando la diversidad de sus actividades productivas y las particularidades de los territorios.
La coordinación institucional, la participación de las organizaciones de mujeres rurales y el seguimiento a las medidas adoptadas serán elementos importantes para avanzar en la reducción de brechas y fortalecer su contribución al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria.
La iniciativa representa una oportunidad para consolidar políticas públicas que reconozcan el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y promuevan condiciones para una participación más equitativa en el desarrollo del campo colombiano.
