Colombia fortalece su agenda legislativa por la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en el cuatrienio 2026-2030
El encuentro tuvo lugar en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional y reunió a congresistas, representantes del Gobierno, organismos internacionales, cuerpo diplomático y aliados de la cooperación, con el propósito de definir una hoja de ruta para la agenda legislativa de los próximos cuatro años. La instalación contó con la participación del Presidente del Congreso Honorio Henríquez, la Senadora Ana Paola García, el Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) Orlando José Dangond Baute, la Coordinadora Residente de Naciones Unidas María José Torres y del Representante de la FAO en Colombia Agustín Zimmerman.
El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe constituye una plataforma regional que articula la voluntad de legisladores de distintos países para posicionar la alimentación, la agricultura sostenible y la lucha contra el hambre en las agendas parlamentarias. Actualmente reúne 26 frentes —21 nacionales y 5 regionales— y ha contribuido al impulso de más de 100 leyes relacionadas con la seguridad alimentaria.
La FAO acompaña este proceso como aliado técnico, en articulación y con la financiación de socios de la cooperación internacional como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), contribuyendo a fortalecer el diálogo entre la evidencia, las políticas públicas y la acción legislativa.
Un desafío que va más allá del hambre
Según el informe SOFI, en 2025 alrededor de 645 millones de personas, equivalentes al 7,8 % de la población mundial, se encontraban en situación de hambre. Esta cifra representa una reducción de cerca de 14 millones de personas frente a 2024 y de 43 millones respecto a 2022, año en el que se alcanzó el nivel más alto.
La situación también mostró avances en materia de inseguridad alimentaria. Durante 2025, aproximadamente 2.100 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que supone una disminución cercana a 86 millones de personas en comparación con el año anterior. Los mayores progresos se observaron en América del Sur y Asia, especialmente en Asia meridional.
Este escenario plantea un desafío que requiere respuestas integrales para avanzar en la erradicación del hambre, que va mucho más allá de garantizar la disponibilidad de alimentos o el acceso a dietas saludables. Implica fortalecer los sistemas agroalimentarios desde la producción hasta el consumo, generando condiciones para que las personas cuenten con ingresos y medios de vida suficientes que les permitan acceder de manera estable a alimentos inocuos, nutritivos, variados y saludables.
Para ello, resulta fundamental fortalecer la productividad, las capacidades y las oportunidades de los pequeños productores y de la agricultura familiar, quienes cumplen un papel central en la producción y el abastecimiento de alimentos, al tiempo que se promueven sistemas de comercialización y distribución más eficientes e inclusivos. De esta manera, avanzar hacia la seguridad alimentaria supone trabajar simultáneamente sobre la producción, los ingresos, el acceso y la calidad de la alimentación, con respuestas que reconozcan las realidades de los territorios.
“Garantizar el derecho a la seguridad alimentaria requiere de decisiones políticas sostenidas y de una acción colectiva que permita convertir los desafíos de nuestros sistemas agroalimentarios en soluciones concretas para las personas y los territorios. La instalación de esta Red para el periodo 2026-2030 representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre el Congreso, el Gobierno, la cooperación internacional y la sociedad, y para que Colombia continúe aportando a una agenda regional que tiene como propósito común avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, sostenibles, inclusivos y resilientes asegurando que nadie quede atrás”, afirmó Agustín Zimmermann, Representante de la FAO en Colombia.
Una agenda legislativa para el periodo 2026-2030
La instalación de la Red del Frente Parlamentario para el cuatrienio 2026-2030 contra el Hambre abre una nueva etapa de trabajo para consolidar una agenda legislativa orientada a responder a estos desafíos.
Durante el encuentro se presentaron los principales hitos legislativos del periodo 2022-2026 y se plantearon las prioridades para el nuevo cuatrienio. Entre ellas se encuentran la reglamentación de la seguridad alimentaria, el manejo integral del fuego, la promoción de ambientes alimentarios escolares saludables y el impulso a la agroecología.
En la jornada también se socializó la propuesta para la creación de una Comisión Accidental y un diálogo entre congresistas para avanzar en la consolidación de la red y definir los próximos pasos de la hoja de ruta 2026-2030.
Estas prioridades reflejan la necesidad de abordar la seguridad alimentaria desde una perspectiva integral: desde la producción y los territorios hasta los entornos donde las personas adquieren, preparan y consumen sus alimentos.
Una respuesta regional con acción nacional
El trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre parte de una premisa: la lucha contra el hambre requiere voluntad política, cooperación y marcos normativos capaces de sostener transformaciones de largo plazo.
En este sentido, la experiencia de los frentes nacionales se conecta con una agenda regional que busca intercambiar experiencias, promover legislación y fortalecer el compromiso de los parlamentos con la seguridad alimentaria. En este proceso, la FAO pone a disposición su experiencia y capacidad técnica para acompañar a Colombia en la construcción y fortalecimiento de marcos normativos y políticas públicas relacionados con la seguridad alimentaria, contribuyendo también a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, fortaleciendo sus medios de vida y promoviendo sistemas agroalimentarios más eficientes, sostenibles, inclusivos y resilientes, conectando el conocimiento técnico y la evidencia con las decisiones y prioridades de política pública.
A esta arquitectura regional se suma la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria, creada a partir de la I Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y que articula al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe con iniciativas parlamentarias de España y Portugal.
Uno de sus principales instrumentos es el Pacto “Alimentación Primero”, que articula compromisos en materia legislativa, presupuestal, sostenibilidad ambiental, igualdad de género y fortalecimiento democrático. El pacto ha sido suscrito por siete países y dos parlamentos regionales.
“Los grandes desafíos que enfrentan hoy nuestros sistemas agroalimentarios requieren respuestas que sumen capacidades, conocimiento y voluntad política. La cooperación internacional tiene un papel importante para poner a disposición de los países evidencia y experiencia técnica que contribuyan a fortalecer las decisiones públicas. En este proceso, el Congreso tiene una responsabilidad fundamental: traducir estos desafíos en una agenda legislativa que permita avanzar de manera concreta hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes”, afirmó Ángela Rivera, Líder de Componente de Acciones Legislativas la FAO en Colombia.
De los compromisos a la acción
La instalación de la Red del Frente Parlamentario contra el Hambre 2026-2030 representa así un punto de partida para una nueva etapa de diálogo y construcción de acuerdos en Colombia, conectada con los esfuerzos que desde hace años adelantan los parlamentos de América Latina y el Caribe.
El reto será convertir las prioridades identificadas en iniciativas, marcos normativos y acciones que contribuyan a transformar los sistemas agroalimentarios, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y las necesidades de las poblaciones.
En este contexto, la acción parlamentaria puede contribuir a impulsar condiciones que permitan avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, sostenibles, inclusivos y resilientes, especialmente frente a los efectos del cambio climático, y fortalecer las capacidades de los pequeños productores, campesinos y agricultores familiares. Esto implica promover medidas que mejoren la productividad, faciliten el acceso a crédito y financiamiento, impulsen el emprendimiento y las oportunidades económicas en las zonas rurales y fortalezcan los medios de vida de quienes producen los alimentos.
La construcción de esta agenda requiere sumar esfuerzos entre el Estado, el sector productivo, las comunidades, la cooperación internacional y el sector académico, para generar políticas y marcos normativos que respondan a las realidades de los territorios y contribuyan a un desarrollo rural más inclusivo y sostenible.
